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En los días desde que Donald Trump prestó juramento para su segundo mandato presidencial, Riccy, una inmigrante de Honduras que ha vivido en Chicago durante siete años, ha estado pendiente de sus alrededores por la posibilidad de que haya funcionarios de inmigración.
La madre de cuatro hijos cube que le preocupa lo que podría pasarle a su familia. Riccy ha escrito un documento en caso de que la separen de sus hijos y quiere que lo certifique un notario.
A pesar de sus preocupaciones, Riccy ha estado entre quienes han hablado, incluso cuando Trump emitió órdenes ejecutivas esta semana para restringir aún más la inmigración. Se unió a un grupo de defensores laborales días después de la inauguración en el sótano del edificio del Centro de Trabajadores Unidos en el lado sureste para reunir apoyo para los trabajadores inmigrantes.
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“Mi comunidad me da fuerza para alzar la voz”, dijo Riccy, “para que todos sepan sobre los derechos que tenemos y sepan que no estamos solos”.
Las amenazas de deportaciones masivas no se hicieron realidad aún en el área de Chicago, pero la gente se ha mantenido alerta a medida que había rumores sobre la presencia de agentes de Inmigración y Management de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) desde el Loop hasta los lugares de trabajo suburbanos.
El viernes, ICE no hizo comentarios sobre si alguien había sido detenido.
Además de las amenazas constantes, una avalancha de políticas de inmigración sobre dónde es que ICE puede detener a las personas y sobre el fin de los programas de libertad condicional humanitaria, mantiene a muchos inmigrantes en alerta, preguntándose cómo les afectarán esas políticas.
Amenazas en espacios ‘seguros’
La incertidumbre y ansiedad sobre dónde y cuándo podrían ocurrir las deportaciones de Trump continúa en aumento. Mientras Trump despeja el camino para permitir arrestos por inmigración en lugares susceptibles, incluidas las escuelas, los maestros de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS, por sus siglas en inglés) y los líderes religiosos se están preparando para proteger a los estudiantes y feligreses.
CPS emitió una carta a los padres recordándoles una política del distrito que prohíbe a los agentes federales ingresar a las escuelas o acceder a los registros de los estudiantes sin una orden judicial.
“Nuestro distrito está totalmente comprometido con proteger el derecho que todos los estudiantes tienen a una educación pública gratuita, independientemente de su estatus migratorio o el estatus migratorio de su familia”, dijo el director ejecutivo de CPS, Pedro Martínez.
La carta decía que CPS no permite que los agentes de inmigración ingresen a las escuelas a menos que tengan una orden firmada por un juez federal. Martínez también aseguró que el distrito no compartirá los registros de los estudiantes con los funcionarios de inmigración a menos que haya una orden judicial o el consentimiento del padre o tutor.
La carta le recuerda a los padres y maestros sobre dos leyes locales que prohíben la colaboración entre la policía y los funcionarios federales de inmigración: la Ley Belief de Illinois a nivel estatal y la Ordenanza de Ciudad Acogedora en Chicago.
Pero los expertos, como Fred Tsao, asesor principal de políticas de la Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados (ICIRR, por sus siglas en inglés), advierten que las escuelas suburbanas no están protegidas por la ley de Illinois y están solicitando a los líderes de los distritos escolares a promulgar políticas similares a las de CPS.
“Todo lo que hace la Ley Belief es decir que la policía native no puede ayudar con tales operaciones o proporcionar información para facilitarle a menos que los agentes de ICE tengan una orden judicial jurada”, dijo Tsao. “No hay un bloqueo formal que restrinja las actividades de management de inmigración en estos lugares específicos. Si los agentes de ICE consideran conveniente intentar detener a alguien en una escuela, pueden hacerlo”.
Pero Tsao también dijo que Illinois no tiene leyes que impidan que los distritos escolares o las escuelas individuales creen tales políticas, y depende de cada escuela o distrito escolar adoptar políticas similares a las de CPS o ir en la dirección opuesta, “y colaborar con los [agentes] de ICE si se presentan”, destacó Tsao.
La Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE, por sus siglas en inglés) recientemente publicó unas reglas y le recordó al público que las escuelas no recopilan información sobre el estado de ciudadanía de los estudiantes y los padres.
El superintendente de educación estatal, Tony Sanders, cube que la junta estatal cree que las escuelas deberían “ser un refugio seguro para todos los estudiantes, donde los estudiantes deberían poder aprender sin miedo”.
Las iglesias, que históricamente han estado en el centro de los movimientos de santuario en Chicago y en todo el país, también enfrentan la amenaza de que los funcionarios de ICE entren en los espacios religiosos para detener a los inmigrantes.
La reverenda Beth Brown, de la Iglesia Presbiteriana de Lincoln Park, cube que ha pasado los primeros días de la presidencia de Trump asegurándose de que otros líderes sepan que todavía hay protecciones para los lugares de culto.
“La ley es que ICE no puede entrar en nuestros edificios cuando nuestras puertas están cerradas, a menos que tengan una orden judicial firmada”, destacó Brown.
La iglesia se convierte en un espacio público cuando abre sus puertas al público para los servicios de culto, pero los líderes religiosos creen que las salas con letreros que indican “no entre”, “privado” o “sólo empleados”, pueden ser lugares a los que ICE no podría acceder, destacó Brown.
Las iglesias alrededor de Chicago también están colocando letreros que indican que no aprueban que los agentes de ICE entren en los espacios religiosos.
Trump amplía los objetivos del ICE
Trump y su “zar de la frontera”, Tom Homan, han prometido iniciar las deportaciones masivas persiguiendo a los inmigrantes con antecedentes penales. Algunos defensores dicen que estas amenazas han creado confusión e incertidumbre sobre cómo la nueva administración podría perseguir a los inmigrantes sin estatus authorized que también tienen delitos menores en su historial.
“Tengo un DUI de hace 13 años, lo que me ha criminalizado”, cube Antonio Gutiérrez, quien es parte de Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones (OCAD, por sus siglas en inglés) y agrega que acaba de obtener una licencia de manejo después de pagar más de $3,000 en multas y clases.
Gutiérrez asegura que cometió un error, aprendió de él y ahora es un residente respetuoso de la ley. Pero todavía tiene miedo. “En realidad soy una gran amenaza o un gran objetivo debido a [mi] historial penal”.
Él sabe que la ordenanza de Ciudades Acogedoras prohíbe compartir información sobre el estatus de una persona y cualquier registro que involucre delitos no violentos entre la policía y los agentes del ICE, pero él y otros defensores temen que un nuevo proyecto de ley en el Congreso conocido como la Ley Laken Riley pueda criminalizar aún más a los inmigrantes con delitos menores que con frecuencia se asocian con vivir en la pobreza.
Esta medida, que permite a los funcionarios federales de inmigración detener y deportar a personas sin estatus authorized que sean acusadas de robo menor o hurto en tiendas, fue aprobada por el Senado y la Cámara con el apoyo de los demócratas.
“Si la persona ya tiene la posibilidad de ser deportada por no tener estatus authorized, esa persona sería weak”, dijo Hena Mansori, supervisora de abogados de la División de Inmigración del Defensor Público del Condado de Prepare dinner. “Incluso un arresto por robo en tiendas, incluso si el estado no cree que sea lo suficientemente grave como para acusarlo, [eso] requeriría que ICE lo detuviera y lo pusiera en un proceso de deportación”.
Espacios privados vs. espacios públicos
Conforme se difunden historias sobre la posible presencia de funcionarios de inmigración, los defensores distinguen entre los espacios a los que los agentes de ICE podrían ingresar y aquellos a los que se les podría prohibir ingresar sin una orden judicial firmada por un juez.
Esmeralda Limón, abogada de Elevate the Ground, dijo durante una conferencia de prensa que se están asegurando de que los trabajadores sepan que existen límites a las áreas a las que ICE puede acceder incluso dentro de los lugares de trabajo.
Ella cube que hay una diferencia entre estar en un espacio público y privado.
Limón usó el ejemplo de un restaurante, explicando que los funcionarios de inmigración pueden ingresar a las áreas donde comen los clientes porque eso se consideraría un espacio público, pero a los agentes no se les permitiría ingresar a áreas privadas como cocinas o trastiendas de empleados a menos que tengan una orden judicial firmada por un juez.
Si los agentes de ICE quieren ingresar a un espacio privado como una casa, Limón explicó que es importante preguntar si tienen una orden judicial y leerla atentamente. “Es importante prestar atención a los detalles de la orden. A veces no tiene la fecha correcta, o puede incluir un par de nombres, y es posible que ni siquiera sea el nombre que aparece en esa orden judicial”.
Ana Guajardo, directora ejecutiva del Centro de Trabajadores Unidos, cube que los agentes del ICE deben tener los nombres específicos de los trabajadores que están allí para detener si ingresan a un lugar de trabajo.
La organización laboral con sede en Chicago ha estado realizando capacitaciones de “conozca sus derechos” para escuelas y empleadores.
“El Centro de Trabajadores Unidos será un espacio seguro para nuestra comunidad; no vamos a cooperar con ninguna actividad del ICE”, destacó Guajardo.
Defensa authorized
Los abogados locales han estado hablando de cómo la política de inmigración bajo Trump podría afectar a los residentes sin estatus authorized. Están preparando a los defensores con las herramientas legales necesarias para defender a los inmigrantes en riesgo de deportación.
Mansori cube que las cárceles y prisiones del Condado de Illinois no pueden retener inmigrantes para entregarlos a ICE. Pero eso no significa que ICE no arrestará a las personas esperando afuera de estas instalaciones o realizando redadas aleatorias en áreas públicas.
Mansori también cube que ICE todavía puede acceder a la información privada de las personas a través de otras bases de datos federales, incluidas las del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Y en muchos casos, los agentes de ICE intentarán diferentes formas de ingresar a la propiedad privada.
“Muchas veces intentarán que la gente abra la puerta y dirán: ‘Hola, somos la policía… o, hola, soy tu oficial de libertad condicional. Necesito hablar contigo’”, agregó Mansori. “Básicamente dirán lo que puedan para que esa persona abra y los dejen entrar”.
Aunque el proceso de detención podría cambiar con Trump, por lo common, detalló Mansori, una vez detenidos, los inmigrantes son llevados a un centro de procesamiento en Broadview. Los inmigrantes sin antecedentes penales pendientes son liberados bajo fianza.
Aquellos que ya tienen una orden de deportación o antecedentes penales violentos no pueden ver a un juez y son transferidos a la custodia de ICE en estados circundantes, como Indiana y Wisconsin.
Mansori destacó que ha estado trabajando con otros defensores públicos que no entienden la ley de inmigración para que puedan entender los riesgos que enfrentan sus clientes, incluso cuando todavía tienen cargos pendientes.
Pero cube que es importante que la gente sepa que, si bien los inmigrantes están protegidos por las leyes de santuario en Chicago e Illinois, no son inmunes a la aplicación de las leyes de inmigración.
“En explicit, cualquier participación con el sistema de justicia penal, incluso por algo menor, puede ciertamente aumentar la posibilidad de que esa persona sea objeto de la aplicación de las leyes de ICE”, enfatizó.
Contribuyeron: Sophie Sherry, Anna Savchenko
Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago
